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Creado en 02 Julio 2013 Categoría: Nueva Esparta
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Desde que las autoridades  del Instituto Nacional de Tierras, a solicitud de la oficina regional de Nueva Esparta, mediante un acto administrativo del 23 de marzo del 2010, declaró tierras ociosas e incultas a 521 hectáreas, que comprenden la poligonal del valle de Atamo-Guacuco, la vida cambió para los integrantes de 4.500 familias que ocupan esos terrenos.

Federico Black Llamozas, habitante de esa poligonal, precisó que exigen anular la decisión que afecta a los habitantes de las comunidades de Atamo Norte, Atamo Sur, Chinguirito, Sabana de Guacuco, Catalán, Los Cerritos, El Hato, Camoruco, Yaque Alto y Palo Sano, comunidades que son el asiento de un grueso número de familias neoespartanas de los municipios Maneiro y Arismendi

 

Alegan que el INTI sin juicio previo ni notificación, negándoles el derecho a la defensa, inició un procedimiento de rescate sobre las tierras que son asiento de sus  hogares y/o medios de producción, construidos legalmente y con la titularidad soportada con documentos de propiedad registrados y una cadena de tracto sucesivo de más de cien años.

 

El instituto decretó una medida cautelar de aseguramiento de la tierra,  lo cual les impide cualquier operación en las oficinas de registro subalterno de los dos municipios involucrados en el litigio.

-Con esa decisión hemos sido despojados del legítimo derecho de disposición de nuestras propiedades que son asiento de la vivienda principal, violando el artículo 115 de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, recordó.

Bienhechurías solamente

 

Black Llamozas enfatizó que con la decisión del INTI, toda construcción que hayan realizado, independientemente de su antigüedad será considerada solamente como bienhechurías.

 

Resaltó que la situación no solamente ha afectado  las viviendas sino también todas las obras de infraestructura que las alcaldías de los dos municipios, la Gobernación, los entes centralizados, han desarrollado para dotar a los vecinos de una mejor calidad de vida.

 

De ser legítimos y documentados propietarios, pasamos a ser considerados ocupantes. Nos robaron nuestra propiedad, nuestros  sueños, nuestro futuro, recalcó.

 

Seis jueces, cero decisión

 

Los habitantes aseguran que el gobierno los ha obligado a comparecer ante la oficina regional de tierras, previa elaboración de un expediente detallado, mediante el cual prueben su calidad de propietarios y oponerse a la medida.

 

-Esto lo hemos cumplido y en tres años no hemos obtenido respuesta por parte del INTI regional, ni de la sede principal, apuntó.

 

Indican que para preservar sus derechos subjetivos e intereses legítimos y personales sobre las viviendas, se vieron obligados a interponer un recurso contencioso administrativo de nulidad, ante el Juzgado Superior Agrario de Maturín.

 

Eso les acarrea un alto costo en pago de abogados, costos y costas procesales, ya que los juristas deben trasladarse con frecuencia hasta Maturín, para sustentar el expediente, mediante el cual están demandando al Estado Venezolano.

 

Aseguró que durante esos tres años, han sido cambiados seis jueces que conocían la causa, lo que aumenta la incertidumbre y aleja una decisión firme sobre el caso.

 

Pretensiones difíciles

 

Black Llamozas, dijo que aunque saben que es difícil, pretenden aprovechar la presencia de Nicolás Maduro en Margarita, para implementar el “Gobierno de calle”,  e invitarlo a recorrer la zona para que constate en el sitio, la existencia real de todas esas comunidades y ordene la anulación del acto administrativo punto de cuenta 227 del23 de Marzo del 2010.

 

NoticiasdeAquí.net

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